La Habana, 09/06/08- Junto a la crisis alimentaria, el narcotráfico, la corrupción y el pandillaje, entre otros males, una epidemia avanza sobre los pueblos situados del río Bravo a la Patagonia: el feminicidio.
Las estadísticas, aún silenciadas o minimizadas por autoridades gubernamentales en casi todos estos países, dan cuenta del progresivo ascenso de los maltratos, secuestros, torturas y asesinatos de mujeres por razones ligadas al legado patriarcal.
Funcionarios del Ministerio Público de Honduras admitieron que los crímenes contra mujeres sumaron 1.018, y las denuncias por violencia doméstica ascendieron a un promedio de 15 por día desde 2002 hasta mayo de 2008.
Tales datos- corroborados por el Centro de Derechos de Mujeres y por la Fiscalía de la Mujer-, y la publicación en el diario El Heraldo de una serie investigativa sobre el tema, motivaron la creación de un equipo profesional para indagar acerca de tales asesinatos e imputaciones.
En tanto, suman nueve los feminicidios reportados desde enero a la fecha en Costa Rica, donde el Instituto Nacional de la Mujer contabilizó desde 1995 hasta finales del año anterior más de 300.
La procuradora de los Derechos Humanos Lisbet Quesada, sugirió incorporar el tema a la agenda de seguridad ciudadana y desarrollar una política más agresiva para combatir la impunidad en tales casos, en el territorio.
Aunque las costarricenses lograron un paso de avance el 12 de abril de 2007 con la aprobación de una Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, la práctica demuestra que no es suficiente para erradicar el mal.
Guatemala también aprobó una ley, en abril de 2008, que establece penas de hasta 50 años de prisión para los identificados como feminicidas, en respuesta a un registro de tres mil mujeres masacradas desde el 2000.
De las fallecidas por la ascendente violencia de género, 139 perdieron la vida en los primeros cuatro meses de este año, según la Red de Sobrevivientes de la Violencia Doméstica.
Armas de fuego, objetos cortantes, asfixia o estrangulamiento terminaron con la vida de la mayoría de ellas, mientras 98 por ciento de esos crímenes sigue impune, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Los feminicidios, más visibilizados a partir de 1993, ante la secuencia de asesinados de este tipo en la chihuahuense Ciudad Juárez, también acaban con la existencia de un promedio de cuatro mexicanas cada día.
Las tasas de crímenes contra las mujeres son alarmantes a su vez en El Salvador, segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a la problemática, donde la Red Feminista contra la Violencia contabilizó un aproximado de mil 886 feminicidios de 2001 a 2007.
En Paraguay una mujer es asesinada cada 10 días, y aunque Argentina carece de cifras oficiales sobre el tema, el Centro de Encuentros Cultura y Mujer contabilizó 1.284 víctimas de 1997 a 2003.
Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, el pasado año se reportaron 132 casos, dos como promedio semanal, protagonizados lo mismo por matrimonios, parejas separadas, amantes o novios.
La entidad registró 300.000 lesiones personales a mujeres en 2006, de los cuales 43.319 fueron a manos de sus parejas, pero más de 70.000 (casi el doble) obedecieron a la violencia intrafamiliar, es decir, resultado de la intervención de padres, hermanos o hijos.
Entre enero de 2001 y junio de 2007, más de 300 chilenas también dejaron de existir, la mayoría de ellas a manos de hombres con quienes habían tenido relaciones de intimidad y confianza, aportó la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Tales estadísticas apenas dan una ligera idea de la epidemia expandida por Latinoamérica- junto a otros males impulsados por la crisis estructural de un sistema de desarrollo- y para seguidores del tema lo más grave es el poco acceso a la justicia.
Especialistas y defensores de los derechos humanos y femeninos coinciden en que las causas de la problemática son disímiles, pero por lo general descansan en el legado milenario de una cultura patriarcal.
Para la Convergencia Cívico Política de Mujeres de Guatemala, parte de los feminicidios deriva de la violencia intrafamiliar y de la agresividad arrastrada por pueblos sometidos antes a conflictos armados y azotados por el narcotráfico, la trata de personas y las pandillas, entre otros flagelos.
La mayoría de las latinoamericanas viven situaciones que les niegan derechos fundamentales o las ponen en desventaja para acceder a la educación, la salud, el trabajo, la asistencia social o el descanso, añaden investigaciones de otros centros o grupos dedicados a estos temas.
Marcela Lagarde, etnóloga y antropóloga mexicana, asegura que los feminicidios constituyen actos de odio contra mujeres y por ello deben ser tipificados penalmente: no se trata sólo del número de asesinatos, sino de la saña con que se cometen y de la impunidad en la cual queda la mayoría de estos casos. (Por Isabel Soto Mayedo/PL)
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